Esquerra Republicana hace un llamamiento al diálogo entre los actores políticos y la sociedad civil en Chile y pide al gobierno el fin del uso desproporcionado de la fuerza en contra de la ciudadanía que se manifiesta en el país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, desde el inicio de las protestas, ha habido un total de 1.894 personas detenidas, 269 personas heridas (137 por armas de fuego) y a 30 personas se les han abierto procedimientos judiciales. Además, según la Fiscalía Nacional de Chile, hasta 15 personas han perdido la vida desde el inicio de los enfrentamientos.

Las manifestaciones empezaron a raíz del aumento del precio del transporte público, decretado por el gobierno de Sebastián Piñera, en uno de los países con el coste de vida más alto de toda América Latina, más recortes en los servicios públicos, y una tasa de paro al alza. Como respuesta a las protestas, el gobierno decretó el estado de emergencia, desplegó el ejército y estableció el toque de queda en algunas ciudades. El presidente Piñera afirmó estar “en guerra” contra la ciudadanía manifestante.

Nos sumamos a Amnistía Internacional y reiteramos la urgencia de que el gobierno chileno escuche los reclamos de la población e implemente medidas concretas para atender a sus demandas.

Finalmente, tal y como ha señalado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pedimos que se garanticen los derechos de las personas detenidas, denunciamos la retórica y la escalada del conflicto que ha provocado el gobierno, pedimos el más estricto cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, y que se investiguen los casos de mala praxis por parte de las fuerzas de seguridad.

La criminalización de las protestas no es la respuesta, y jamás puede servir como pretexto para restringir los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica de la ciudadanía, ni para hace un uso indebido de la fuerza.